El oficialismo dio su primer paso en falso en el juicio político a la Corte Suprema que se desarrolla en la comisión especial en la Cámara de Diputados: admitió hoy que tendrá que pedirle a un juez federal el cruce de llamados entre el asesor principal de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño (hoy de licencia), Marcelo D’Alessandro.
La decisión la hizo pública la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político, al inicio de la quinta audiencia del proceso, en la que se esperan las primeras declaraciones testimoniales. Para hoy están citados justamente Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, dos magistrados que intervienen en causas sobre los chats filtrados y que motivaron al Gobierno a pedir el jury a los miembros del máximo tribunal.
“Hoy serán librados los oficios de prueba, salvo los de cruces de llamados, por lo que se van a requerir la autorización de un juez”, expuso Gaillard apenas minutos después de las 11, y se refirió a las fuertes críticas por parte del bloque de Juntos por el Cambio, ya que esa prueba había sido pedida por Rodolfo Tailhade. El diputado kirchnerista argumentó que el Congreso tenía facultades para ello y había solicitado el listado de las comunicaciones de Robles y D’Alessandro en el periodo de tiempo en que la Corte elaboró el fallo que benefició a la Capital Federal en el juicio por la coparticipación. “Hubo algún cuestionamiento en ese sentido y preferimos preservar el procedimiento con todas las garantías correspondientes”, agregó la legisladora.
Rápidamente los miembros cambiemitas de la comisión recogieron el guante. “Es auspicioso que usted reconozca que no se estaban cumpliendo las garantías constitucionales”, le espetó Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica y segundo en la comisión de enjuiciamiento. “Las comunicaciones telefónicas se encuentran protegidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional”, detalló el diputado, y calificó el accionar del oficialismo como “una excursión de pesca que no puede ser convalidada”.
Como estrategia, JxC le presentó un escrito a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que detalla una serie de irregularidades ocurridas hasta ahora en el procedimiento, y vació la comisión en la previa a la presentación de los testigos. “Se ha convertido al Congreso de la Nación en un órgano capaz de ejercer ‘actividades de inteligencia ilegal’”, leyó López, y antes de que todos los legisladores opositores se paren para retirarse de la sala de la comisión, concluyó: “La comisión, lejos de realizar un juicio político, tal como lo habilita la Constitución Nacional está llevando a cabo un ‘proceso penal paralelo’, produciendo prueba manifiestamente ilegal, violentando las reglas del debido proceso y, por ende, el Estado de Derecho”.
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